La Defensoría del Pueblo, a través de su defensora nacional, Iris Marín, emitió el año pasado la Alerta Temprana 013 de 2025–2026, en la cual se realizó un análisis y monitoreo de las situaciones de riesgo que podrían presentarse durante las próximas contiendas electorales, en el marco del proceso para la elección de senadores, representantes a la Cámara y, posteriormente, las elecciones presidenciales previstas para el mes de mayo.
En el caso del departamento del Caquetá, los 16 municipios quedaron incluidos dentro de esta alerta. Según la clasificación del riesgo, se establecieron distintos niveles de atención:
- Acciones inmediatas para los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.
- Acciones urgentes para Solano y La Montañita.
- Acciones prioritarias para los otros 12 municipios, incluido Florencia.
La Defensoría reconoció la preocupación de las comunidades frente a la posibilidad de ejercer su derecho al voto de manera libre y segura. Por esta razón, en la misma alerta se emitieron 20 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los entes territoriales, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, física y democrática tanto de los ciudadanos como de los actores políticos que participarán en el proceso electoral.
Dentro de este contexto, se conoció una amenaza directa contra un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático. Frente a este hecho, la Defensoría del Pueblo informó la situación a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través de la doctora Gloria Quincena, delegada en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de bloques y frentes, ya que, según el testimonio del candidato, la amenaza provendría presuntamente de este grupo armado, que actualmente participa en diálogos con el Gobierno Nacional.
La situación fue escalada al nivel nacional, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el candidato pueda ejercer su actividad política y presentar sus propuestas al electorado sin restricciones.
Por su parte, la Fuerza Pública manifestó que cuenta con las capacidades militares y operativas para brindar condiciones de seguridad durante el proceso electoral. Entre las recomendaciones destacadas se encuentra la número 5, dirigida al Ministerio de Defensa, la cual enfatiza en el control de vías terrestres y ríos, como medida clave para garantizar el desarrollo normal y seguro de las próximas elecciones en el departamento.
