El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Cárnicas (ASOCÁRNICAS), Milton Chávez López, participó en la audiencia pública realizada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de Ley de reactivación económica. Durante su intervención, solicitó el archivo de la proposición aditiva que pretende que las empresas del sector financien los gastos de funcionamiento del INVIMA, por considerarla inconstitucional y contraria a la labor que desempeñan las industrias cárnicas en el país.
Chávez López explicó que el sector arrastra una profunda crisis desde la expedición del Decreto 1500, norma mediante la cual el INVIMA estableció el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne y los productos cárnicos comestibles.
Antes de la implementación de esta normativa, Colombia contaba con 1.627 plantas de beneficio, desposte y desprese de todas las especies. Hoy, solo permanecen activas 514, lo que representa el cierre del 68,4 % de la infraestructura del país, equivalente a 1.113 plantas clausuradas.
Pese a que la reducción pretendía fortalecer el control sanitario, el resultado ha sido contrario a lo esperado. Según cifras del INVIMA citadas en la audiencia, la ilegalidad alcanza el 49 %, lo que representa cerca de 3 millones de bovinos sacrificados de forma clandestina cada año. “Hoy se están beneficiando menos animales que en 2012”, advirtió el director de ASOCÁRNICAS.
Frente a este panorama, el gremio considera que la proposición aditiva incluida en el proyecto de reactivación económica es especialmente perjudicial, pues obliga a las plantas formales a financiar los gastos administrativos del INVIMA mediante tasas que actualmente pagan por los servicios de inspección, vigilancia y control.
Chávez recordó que FENAVI ya advirtió su inconstitucionalidad, debido a que las tasas no pueden destinarse al funcionamiento de una entidad estatal, sino únicamente a recuperar el costo del servicio prestado. “Las plantas ya pagan por un servicio que requiere acompañamiento técnico del INVIMA; no pueden asumir además los gastos operativos del instituto”, señaló.
El director de ASOCÁRNICAS también cuestionó que el INVIMA concentre sus acciones únicamente en las plantas formales, sin combatir la creciente ilegalidad. Recalcó que, si los 3 millones de bovinos sacrificados clandestinamente ingresaran al circuito formal, habría más horas de inspección, mayor recaudo para el INVIMA y un impulso real a la reactivación económica.
“No se puede reactivar la economía imponiendo más cargas impositivas a las empresas, sino combatiendo la informalidad y fortaleciendo la inspección en los puntos críticos”, concluyó Chávez al reiterar la solicitud de archivar la proposición.
