La veeduría ciudadana de San Vicente del Caguán anunció que el contrato 991, correspondiente a la intervención de la vía Florencia–San Vicente–Neiva, será llevado a un debate de control político en el Congreso de la República ante las presuntas irregularidades y el bajo avance de la obra.
De acuerdo con la veeduría, el contrato, que inició en 2021 y tiene vigencia hasta 2030, presenta “avances mínimos” y un mantenimiento “nulo” en los tramos a cargo de la empresa ejecutora, pese a llevar ya casi una década en ejecución al momento de finalizar su plazo.
Para activar los mecanismos de control institucional, la veeduría acudió al representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, a quien entregaron toda la información recopilada sobre el estado del proyecto y las presuntas falencias en su desarrollo.
A lo largo del proceso de seguimiento, los integrantes de la veeduría han sostenido reuniones con el contralor departamental, la Procuraduría, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la empresa responsable del contrato, donde han reiterado la urgencia de atender el deterioro de la vía y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Ante la falta de resultados, la organización ciudadana decidió elevar la discusión al Congreso, donde el debate de control político quedó programado para el 27 de noviembre de 2025. La veeduría espera que esta instancia permita esclarecer responsabilidades y exigir acciones concretas para mejorar la movilidad y la seguridad vial en este corredor estratégico para el Caquetá y el sur del país.
