En desarrollo de un debate de control político en la Asamblea Departamental del Caquetá, diputados concluyeron que el informe presentado por la Oficina de Mujer y Género se encuentra incompleto, por lo que anunciaron una nueva citación para el mes de junio con el fin de realizar una evaluación integral de la gestión, proyectos y recursos destinados a las mujeres, especialmente aquellas víctimas de violencia.
La diputada Viviana Silva Saldaña manifestó que existe un compromiso firme con la defensa de los derechos de las mujeres en el departamento y explicó que los documentos que aún están pendientes serán publicados una vez sean entregados por la dependencia. Asimismo, indicó que el próximo debate permitirá analizar de fondo toda la gestión de la oficina.
Según explicó la corporada, la sesión realizada recientemente no constituyó un control político integral, sino un complemento del informe presentado de manera incompleta a finales del año anterior, debido a la falta de soportes sobre contratos ejecutados durante las vigencias 2024 y 2025. Entre los temas pendientes, se encuentra la verificación de la entrega de unidades productivas en articulación con Prosperidad Social, así como el porcentaje de inversión destinado a mujeres rurales.
El debate se llevó a cabo de forma virtual debido a fallas en el suministro eléctrico en el recinto de la Asamblea, situación que, según Silva Saldaña, limitó parcialmente la participación ciudadana, aunque se hicieron esfuerzos para garantizar la intervención de organizaciones sociales y mujeres del territorio.
Durante el análisis, los diputados reconocieron una alta ejecución presupuestal y la realización de actividades como talleres, capacitaciones y procesos formativos. No obstante, señalaron que persisten debilidades en la medición del impacto real de estas acciones en la calidad de vida de las mujeres.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el relacionado con la atención a víctimas de violencia basada en género. De acuerdo con lo expuesto, parte del presupuesto asignado a este componente fue devuelto ante la baja demanda del servicio, lo que encendió alertas entre organizaciones sociales, quienes consideran que esto podría evidenciar desconocimiento de las rutas de atención o desconfianza hacia la institucionalidad.
Adicionalmente, se hizo énfasis en la necesidad de mejorar la planeación para identificar de manera más precisa las necesidades reales de la población femenina y orientar de forma más efectiva la inversión pública.
Finalmente, los diputados advirtieron inconsistencias en un contrato de servicios logísticos, cuyo valor real superaría los 474 millones de pesos, cifra superior a los 149 millones reportados inicialmente. Este y otros aspectos serán revisados en detalle en el próximo debate de control político programado para junio.
