La Asamblea Departamental aprobó una iniciativa de la Administración Departamental encaminada a facilitar la legalización de predios de propiedad privada en los que actualmente funcionan diferentes entidades y establecimientos destinados a la prestación de servicios públicos.
La propuesta busca atender situaciones que se presentan en varios municipios del Caquetá, donde existen escuelas, centros de salud, polideportivos y otros escenarios públicos construidos en terrenos que todavía aparecen registrados a nombre de particulares.
Uno de los principales aspectos de la iniciativa consiste en permitir la exoneración del impuesto de registro para aquellos propietarios que decidan donar formalmente sus terrenos a los municipios o al departamento mediante escritura pública, con el propósito de que sean destinados a la prestación de servicios públicos.
Durante la discusión, se planteó la necesidad de evitar que una persona que decide entregar voluntariamente un terreno para beneficio de una comunidad tenga que asumir el pago de impuestos derivados de dicha donación. Por esta razón, la ordenanza facultaría a los gobiernos departamentales y municipales para aplicar la exoneración correspondiente al impuesto de registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas.
La medida permitiría avanzar en la legalización de predios que, en algunos casos, fueron donados hace varios años de manera informal para la construcción y funcionamiento de establecimientos públicos, pero que actualmente continúan figurando como propiedad de los antiguos dueños de las fincas.
Uno de los principales beneficios de formalizar la propiedad de estos terrenos es que la Gobernación y las alcaldías podrían invertir recursos públicos en obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de las instalaciones que allí funcionan.
De acuerdo con lo expuesto ante la Asamblea, mientras los predios continúen registrados a nombre de particulares, las administraciones públicas tendrían limitaciones jurídicas para destinar recursos a inversiones en infraestructura, como el mejoramiento de escuelas, puestos de salud o escenarios deportivos.
Con esta iniciativa se busca, por tanto, facilitar el saneamiento y la legalización de los terrenos que cumplen una función pública, garantizar mayor seguridad jurídica sobre los predios y permitir que las administraciones puedan realizar inversiones para mejorar la infraestructura al servicio de las comunidades del departamento.