Crece la preocupación en el territorio caqueteño por la vulneración de derechos fundamentales que se estaría presentando en varias zonas rurales del departamento, especialmente en el centro poblado Remolinos del Caguán, donde la comunidad permanece confinada desde hace cerca de un mes por la presencia de un grupo armado ilegal.
Según denuncias de líderes sociales y organizaciones campesinas, la situación humanitaria es crítica y se agrava por lo que califican como el silencio de las autoridades departamentales, en especial del gobernador del Caquetá, frente a este hecho.
De acuerdo con los voceros comunitarios, el confinamiento ya ha cobrado una vida. En días recientes, un campesino sufrió la amputación de una pierna tras un accidente con una guadaña y no habría recibido atención médica ni apoyo por parte del sector salud, el Ejército, ni de empresas fluviales, debido a las restricciones impuestas por el grupo armado en la zona.
La comunidad de Remolinos del Caguán enfrenta actualmente una grave crisis humanitaria: no cuenta con agua potable, energía eléctrica, ni abastecimiento de alimentos, situación que mantiene a la población en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Ante este panorama, líderes sociales hicieron un llamado urgente al gobernador del Caquetá, al presidente de la República y al ministro de Defensa, solicitando la creación inmediata de un corredor humanitario que permita garantizar el acceso a alimentos, atención médica y protección de los derechos humanos de la población afectada.
Advirtieron además que, de no existir una respuesta institucional, organizaciones campesinas estarían evaluando la posibilidad de organizar por cuenta propia un corredor humanitario para auxiliar a la comunidad, aun cuando ello implique poner en riesgo la vida de sus integrantes.
La denuncia también se extiende al municipio de San Vicente del Caguán, donde los combates entre actores armados habrían generado confinamientos en varias poblaciones rurales en condiciones similares.
Finalmente, los líderes recordaron que la protección de la integridad física y la vida digna de los ciudadanos es un mandato constitucional, por lo que exigieron acciones concretas e inmediatas por parte del Gobierno nacional y departamental para atender la emergencia humanitaria en estas zonas del Caquetá.
