La contraloría departamental advirtió, que los municipios y las empresas que prestan servicios de salud que no han querido pagar las sentencias judiciales, podían ser investigados por detrimento patrimonial.
El señor Contralor, Hermes Torres Núñez, dijo, que no entiende por qué los gerentes de las E. S. E. S Fabio Jaramillo Londoño y Sor Teresa Dela, no han gestionado un acuerdo de pago, lo que agrava los estados financieros por el incremento de los interés.
La E. S. E Sor Teresa Adele tiene una sentencia por $1.082 Millones fallada en segunda instancias por nulidad y restablecimiento del derecho y en la actualidad asciende a la suma de más de $2.800 Millones de pesos, lo que indica que los intereses superan el valor de la sentencia.
“Es urgente que estas empresas y los municipios como Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán que tienen sentencias falladas en su contra en segunda instancia, deben revisar los recursos de las contingencias judiciales para que paguen esas sentencias, porque podrían estar incurso en el delito de detrimento patrimonial”, concluyó el contralor del Departamento del Caquetá.
