La concejal de San Vicente del Caguán, Jennifer Sánchez, solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar el contrato para la construcción del frigorífico municipal, cuyo valor asciende a cerca de 33.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 2.300 millones de pesos corresponden a la interventoría.
De acuerdo con la cabildante, el contrato establecía como fecha de entrega el 12 de agosto de 2026; sin embargo, la obra no fue terminada y actualmente solo se reporta un 22 % de ejecución, pese a que ya se habrían desembolsado alrededor de 19.000 millones de pesos.
Sánchez manifestó su preocupación por el estado del proyecto y señaló que la comunidad tiene derecho a conocer, de manera clara y verificable, qué está ocurriendo con la obra y con los recursos públicos comprometidos.
La concejal indicó que desde el Concejo Municipal se invitó al contratista y a la interventoría para que explicaran la situación del proyecto, pero ninguno de los dos asistió a la convocatoria. En contraste, representantes de la veeduría sí participaron y expusieron información relacionada con el estado actual de la obra.
Ante estas circunstancias, la concejal decidió trasladar el caso a la Procuraduría General de la Nación y solicitar que se adelanten las investigaciones correspondientes. Asimismo, pidió que se exija al contratista y a la interventoría la presentación de un informe detallado sobre el avance del contrato, incluyendo los plazos establecidos, las posibles modificaciones o prórrogas y las circunstancias que podrían configurar un eventual incumplimiento.
Jennifer Sánchez sostuvo que el objetivo es esclarecer el manejo del contrato y garantizar que la comunidad conozca el estado real de una obra que representa una importante inversión de recursos públicos para el municipio.
