La corporación pidió declarar la contaminación por mercurio como una emergencia de salud pública, solicitó acciones urgentes para proteger a Curillo y propuso una audiencia pública en el Congreso de la República para abordar la crisis hídrica y minera en la Amazonía caqueteña.
La Asamblea Departamental del Caquetá hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Caquetá y a las autoridades ambientales y sanitarias para fortalecer la coordinación institucional y adoptar medidas urgentes frente a las problemáticas relacionadas con la contaminación de las fuentes hídricas, la presencia de mercurio y el riesgo de socavación en la cuenca del río Caquetá.
El pronunciamiento se produjo como conclusión de la audiencia pública de control político realizada el 22 de octubre de 2026, en el marco de la Proposición 047 de 2026, durante la cual se analizaron diferentes situaciones que amenazan la seguridad ambiental, la salud pública y el bienestar de las comunidades del departamento.
Entre las principales preocupaciones de la corporación se encuentra la situación de Curillo, municipio que enfrenta una doble vulnerabilidad. Por una parte, la socavación en una curva del río Caquetá, ubicada aproximadamente a 500 metros del puerto y a 50 metros de la quebrada Agua Negra, representa una amenaza para la cabecera municipal y la infraestructura portuaria.
Ante este panorama, la Asamblea solicitó a la Gobernación del Caquetá, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Corpoamazonia y la Alcaldía de Curillo gestionar y ejecutar la modelación hidráulica detallada, así como las obras de bioingeniería y contención necesarias para reducir el riesgo.
La segunda preocupación está relacionada con la bocatoma del acueducto urbano, operado por ESERCU, que actualmente se encuentra aguas abajo del punto de descarga directa del alcantarillado municipal. Por esta razón, la corporación pidió estructurar técnicamente su reubicación para garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano.
Preocupación por contaminación con mercurio
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la posible contaminación de las fuentes hídricas con mercurio y otros metales pesados, una situación que, según la Asamblea, debe ser abordada como una grave emergencia de salud pública.
La corporación recogió las advertencias de la academia, particularmente de la profesora Mercedes Mejía, de la Universidad de la Amazonia, así como las preocupaciones expresadas por líderes sociales sobre los riesgos para las comunidades campesinas e indígenas que dependen de estas fuentes de agua.
Además, advirtió sobre posibles irregularidades en concesiones y licencias otorgadas para la extracción de materiales de arrastre, como arenas y gravas, que presuntamente podrían encubrir actividades de explotación de oro y otros minerales estratégicos.
Según el pronunciamiento, estas situaciones podrían generar afectaciones ambientales, vertimientos de mercurio a los ríos y quebradas, y eventuales pérdidas de recursos públicos por el no pago de regalías e impuestos, aspectos que requieren verificación por parte de las autoridades competentes.
Solicitan fortalecer la vigilancia de la calidad del agua
En materia de salud pública, la Asamblea exhortó a la Secretaría de Salud Departamental a garantizar la continuidad de las pruebas de calidad del agua en los 16 municipios del Caquetá, mediante un programa de muestreo basado en los niveles de riesgo y con cobertura territorial completa.
También solicitó un informe detallado que permita comparar, por municipio y zona, las muestras programadas, tomadas, validadas, analizadas y reportadas al Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP), explicando las posibles diferencias frente a los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS).
El documento deberá incluir información sobre el seguimiento epidemiológico al estudio de exposición humana al mercurio y los hallazgos relacionados con metales pesados en pescado de consumo masivo, con las debidas precauciones para proteger los datos personales y evitar conclusiones generales sustentadas en muestras insuficientes.
De igual manera, la corporación pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fortalecer su presencia en el territorio mediante inspecciones técnicas directas y promover audiencias públicas ambientales, en coordinación con las autoridades ambientales indígenas y las entidades del Sistema Nacional Ambiental.
Piden mayor participación de las comunidades
La Asamblea también insistió en que los estudios, planes de manejo y proyectos de infraestructura hídrica y de contención deben garantizar la participación efectiva de las comunidades en el diseño, seguimiento y vigilancia de las intervenciones que puedan afectar sus territorios.
En ese sentido, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la UNGRD y a Corpoamazonia coordinar con la Gobernación y las alcaldías esquemas de cofinanciación para implementar soluciones basadas en la naturaleza, restaurar las rondas hídricas y garantizar la destinación efectiva del 1 % de los ingresos corrientes de libre destinación a los pagos por servicios ambientales, de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo, exhortó a las 16 alcaldías y concejos municipales a crear y mantener activos los Consejos Municipales del Agua, tomando como referencia la Ordenanza Departamental 024 de 2013, relacionada con Belén de los Andaquíes como Municipio Verde Protector del Agua.
Estas instancias permitirían fortalecer la protección de cuencas y nacimientos, la vigilancia comunitaria del recurso hídrico, la educación ambiental y el seguimiento a las inversiones destinadas a su conservación.
El pronunciamiento también advierte sobre la necesidad de frenar la deforestación en la Troncal del Hacha y proteger el ecosistema estratégico conocido como Bosque de Niebla, mediante acciones de control territorial, contención de la frontera agropecuaria y restauración ecológica con participación comunitaria.
Proponen audiencia pública en el Congreso
Como parte de las acciones de seguimiento, la Asamblea Departamental solicitó a las Comisiones Quintas Constitucionales del Senado y de la Cámara de Representantes convocar una audiencia pública en el Congreso de la República para analizar la crisis hídrica y minera en la Amazonía caqueteña, la contaminación por mercurio y el cumplimiento del Convenio de Minamata.
Además, propuso conformar una Mesa Técnica Departamental de Seguimiento, con participación de los diputados, la Secretaría de Salud, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (ODGRD), Corpoamazonia, delegados de los 16 municipios, veedurías ambientales, representantes de la academia y líderes comunitarios.
Esta instancia tendría la responsabilidad de evaluar periódicamente el avance de las obras de contención, el cumplimiento de los estándares de calidad del agua potable y las medidas de protección de las fuentes hídricas frente a la presencia de metales pesados.
Finalmente, la corporación anunció que remitirá el pronunciamiento a la Presidencia de la República, los ministerios de Ambiente y de Salud, la UNGRD, Corpoamazonia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Caquetá y las 16 alcaldías municipales, con el propósito de promover la articulación institucional y el cumplimiento de los compromisos ambientales y sanitarios.
