El presidente de ANTHOC en el departamento del Caquetá, Wilson Pérez, aseguró que la crisis del sistema de salud en Colombia y en el departamento obedece a un problema estructural que solo podrá resolverse mediante una reforma de fondo que garantice una atención eficiente, oportuna y de calidad para los usuarios.
El dirigente sindical manifestó que, mientras la dirigencia política del país no impulse cambios profundos al modelo de salud, continuará un sistema basado en la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el cual, según afirmó, prioriza el negocio sobre la prestación efectiva del servicio.
Pérez reconoció que en el Caquetá se han registrado algunos avances en materia de infraestructura hospitalaria; sin embargo, señaló que estas inversiones no son suficientes si los centros asistenciales no cuentan con los recursos económicos, el personal y los insumos necesarios para atender adecuadamente a los pacientes.
A juicio del presidente de ANTHOC, las EPS son las principales responsables de la crisis financiera que enfrentan los hospitales, debido a los retrasos en los pagos por los servicios prestados. Por ello, insistió en que los recursos de la salud deberían girarse directamente a las instituciones hospitalarias, eliminando la intermediación.
Recordó que antes de la implementación del actual modelo de aseguramiento, los usuarios podían acceder de manera directa a consultas médicas, exámenes de laboratorio, servicios de rayos X e incluso procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad en los hospitales públicos.
Wilson Pérez afirmó que, con el paso de los años, el presupuesto destinado al sector salud ha aumentado significativamente, pasando —según indicó— de cerca de 4,5 billones de pesos en la década de los noventa a casi 90 billones de pesos en la actualidad. No obstante, aseguró que ese incremento de recursos no se ha traducido en una mejor atención para la población debido a la permanencia del modelo de intermediación.
Finalmente, el dirigente sindical cuestionó la gestión del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud frente a la crisis del sistema. También responsabilizó a congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales por permitir la continuidad de un modelo que, según sostuvo, mantiene la burocracia, la politiquería y la privatización de los recursos destinados a la atención en salud, afectando la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
