La diligencia de secuestro del inmueble donde funciona la empresa de servicios públicos del municipio de El Doncello no se llevó a cabo la tarde anterior, luego de que se comprobara el pago total de la obligación judicial que mantenía la entidad con la señora Mary Rojas.
Según se conoció, al momento de llegar a la sede de la empresa la juez encargada del proceso y el abogado de la demandante, el gerente de la entidad, Reinel Rodríguez, junto con el abogado defensor Álvaro Correa, presentaron los comprobantes de consignación que acreditaban el cumplimiento de la sentencia judicial de segunda instancia a favor de Mary Rojas.
El gerente de la empresa explicó que el proceso judicial se originó en el año 2019, cuando una persona que laboraba con la entidad como revisor fiscal interpuso una demanda contra la empresa. Indicó que, en ese momento, la defensa jurídica no logró sustentar argumentos suficientes para evitar la condena.
Rodríguez señaló que cuando asumió la gerencia en 2021 el proceso ya se encontraba avanzado y no existían mayores posibilidades de defensa. Aunque se interpuso recurso de apelación, la empresa perdió tanto en primera como en segunda instancia, siendo condenada al pago correspondiente.
“El día de ayer, durante la audiencia de secuestro del bien inmueble donde funciona la empresa, aportamos a la señora juez y al apoderado de la parte demandante los documentos que demuestran que Empresas Públicas cumplió con la obligación. La parte demandante no tenía conocimiento de los pagos realizados y por eso se adelantó la diligencia, pero todo quedó totalmente subsanado y la empresa no es objeto de embargo en este momento”, manifestó el gerente.
Por su parte, el abogado defensor Álvaro Correa explicó que las consignaciones sí se habían realizado oportunamente, pero por un error no fueron remitidos los soportes al juzgado encargado del proceso. Agregó que con los pagos efectuados en el Banco Agrario quedó demostrado que la obligación principal ya fue cancelada y únicamente estaría pendiente un valor mínimo correspondiente a costas del proceso ejecutivo.
Entretanto, Marcos Valencia, abogado de la señora Mary Rojas, confirmó que la situación fue aclarada durante la diligencia y que el proceso quedó subsanado tras verificarse el cumplimiento del pago ordenado judicialmente.
