La personera del municipio de Puerto Rico, Valentina Cuéllar Ardila, confirmó que la administración municipal inició el proceso de desalojo de las personas que invadieron un terreno destinado para un proyecto de vivienda articulado con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), luego de que los ocupantes incumplieran el compromiso de abandonar voluntariamente el predio el pasado 5 de mayo.
De acuerdo con la funcionaria, tras el incumplimiento del acuerdo, la alcaldía convocó un consejo extraordinario de seguridad en el que se determinó avanzar con el procedimiento de desalojo con apoyo de unidades de la Policía Nacional y del ESMAD.
La personera explicó que inicialmente se había llegado a un acuerdo con los ocupantes para que desalojaran el terreno de manera voluntaria. Sin embargo, al verificar la situación el mismo 5 de mayo, las personas manifestaron que no abandonarían el lugar hasta que una autoridad competente lo ordenara formalmente.
“Ya de aquí en adelante los trámites los debe realizar la administración municipal para proceder con el desalojo. La Inspectora de Policía adelantará el cumplimiento de la orden, teniendo en cuenta que el acuerdo era desocupar en las siguientes 24 horas, situación que no ocurrió”, señaló Cuéllar Ardila.
El predio invadido está ubicado en el sector de El Carmelo, contiguo al colegio Los Corazones de La Selva, y estaba destinado para el desarrollo de un proyecto de vivienda con apoyo de la ARN y otras entidades gubernamentales.
La funcionaria indicó además que durante los diálogos sostenidos con los ocupantes se revisó un listado de personas previamente focalizadas para programas de vivienda, con el fin de establecer si quienes permanecen en el terreno corresponden a los mismos beneficiarios identificados anteriormente. No obstante, aclaró que en ningún momento la administración municipal adquirió compromisos de reubicación ni de entrega de vivienda para las familias invasoras.
“Ellos hablan de supuestos compromisos de reubicación, pero eso nunca se hizo en presencia de la Personería ni de la administración municipal. Desconocemos si existen acuerdos por fuera de las mesas oficiales”, puntualizó.
Finalmente, la personera aseguró que entre las personas asentadas en el predio hay habitantes tanto del municipio como de otras regiones del país, y reiteró que, tras la realización del consejo de seguridad, el siguiente paso será ejecutar el procedimiento de desalojo conforme a la ley.
