El gobernador del Caquetá ha venido adoptando decisiones en ejercicio de su autonomía administrativa y con sustento jurídico; sin embargo, sectores ciudadanos y algunos diputados consideran legítimo cuestionar el momento en el que comenzaron a ejecutarse dichas medidas.
Entre ellas se encuentran la suspensión del traslado de la persona que apoyaba los servicios generales, el corte del servicio de internet y, en la madrugada del pasado martes, la suspensión del servicio de energía eléctrica en las instalaciones del recinto de la Asamblea Departamental. Estas decisiones coincidieron con el debate del proyecto de ordenanza que buscaba imponer una denominada “tasa de convivencia ciudadana”, iniciativa que fue hundida en la corporación con nueve votos en contra y solo dos a favor.
La diputada liberal Yudy Viviana Silva Saldaña manifestó que el debate se desarrolló de manera pública, democrática y, aunque intensa, permitió la exposición de diferentes puntos de vista. Señaló que votó negativamente el proyecto, argumentando que el gobierno pretendía aprobar un impuesto que no era conveniente ni oportuno, debido a que las familias y los comerciantes se encuentran golpeados económicamente y no soportan una carga tributaria adicional.
“Personalmente dije que el tema de la seguridad sí es relevante y nos compete a todos, pero es una función esencial del Estado que no debe trasladarse al bolsillo de la gente. También dimos otros argumentos técnicos y jurídicos que demostraban la inconveniencia de ese proyecto, que aunque se denominara tasa, era un impuesto adicional disfrazado”, expresó la diputada.
Silva Saldaña agregó que espera que las decisiones adoptadas por el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, después de dos años de gobierno y justo tras la votación negativa del proyecto, no obedezcan a represalias políticas, lo cual —según indicó— sería grave para la democracia.
Asimismo, calificó como desafortunado el comentario realizado por el mandatario al final de la sesión, cuando afirmó que los diputados habían sido instrumentalizados por grupos al margen de la ley. Para la diputada, dicha afirmación no refleja el espíritu del debate, el cual estuvo sustentado en argumentos técnicos, jurídicos y de conveniencia social.
“La votación que negó el proyecto se dio con criterio de conciencia, responsabilidad y en defensa del interés general, no por presión de grupos ilegales”, sostuvo Silva, quien concluyó que con estas declaraciones el gobernador puso en entredicho la honorabilidad, la autonomía y, sobre todo, la independencia de la Asamblea Departamental del Caquetá.
