Un llamado urgente a quienes les compete la ejecución del contrato de la vía Florencia – Suaza – Altamira, hicieron hoy en una mesa de trabajo, representantes de diferentes entidades y la institucionalidad, convocada por la Personería Municipal de Florencia y a la que asistieron el gobernador de Caquetá Arnulfo Gasca Trujillo, el alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz Cicery, INVIAS territorial, SERVAF, gremios de transportadores y comerciantes, Procuraduría Regional, Defensoría del Pueblo, Coordinación de Gestión del Riesgo y Secretaría de Gobierno, quienes alertaron al Ministerio Público, sobre la difícil situación que se presenta en este corredor vial.
De acuerdo a la Personera de Florencia Lizeth Yamile Ocampo Carvajal, este contrato no se ha podido ejecutar, toda vez que se encuentra suspendido como consecuencia de una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de una acción popular interpuesta por la Procuraduría, a fin de salvaguardar algunos derechos como la moralidad administrativa.
Por lo anterior, las diferentes entidades sumaron esfuerzos para lograr se de vía libre al contrato de 44.000 millones de pesos para que se pueda ejecutar y así solucionar tantos inconvenientes que se presentan sobre ese tramo. El mandatario de los caqueteños se comprometió a adelantar las gestiones necesarias para lograr intervenir, dialogar y exponer la situación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y velar porque no se vean vulnerados los derechos, especialmente el de la transitabilidad.
“Dentro de esos acuerdos, el acalde por su parte, se comprometió a exponer esta situación a nivel nacional con el Presidente de la República, quien va atender a los alcaldes de ciudades capitales y la Procuraduría Regional se comprometió como accionante a través de una acción popular a realizar una mesa de trabajo interna para dialogar sobre el tema, buscar una conciliación y dar a conocer lo que pasa y los riesgos que corre nuestra ciudadanía al no hacer ese mantenimiento de esa vía”, señaló la Personera Ocampo Carvajal.
Gustavo Ortega, Coordinador de la Gestión del Riesgo Departamental, señaló “que se hace necesario que ese contrato sea adjudicado a otra persona con el fin de poder arreglar esta vía que presenta varios tramos con dificultad especialmente en el km 80+100 km 42+600 52+300 y en el km 21+400”.
Finalmente, en esta mesa de trabajo se exhortó al Invías regional, a defender ese proceso que ellos tienen en la ejecución del contrato y poderle demostrar a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que esa medida cautelar se puede levantar sin que haya perjuicio a la moralidad pública o la administración de esos recursos. Lo mismo hará la Defensoría del Pueblo que buscará agendar el tema a nivel nacional.