La diputada Viviana Silva Saldaña confirmó que la reciente sesión de la Asamblea Departamental no constituyó un control político integral a la gestión de la Oficina de la Mujer y Género del Caquetá, sino un complemento al informe presentado de manera incompleta al cierre del año anterior.
Según explicó la corporada, en ese momento no se allegaron los soportes documentales de los contratos ejecutados durante las vigencias 2024 y 2025. Aunque recientemente se han entregado algunos documentos, aún persisten pendientes, especialmente correspondientes al año 2024, así como compromisos por aclarar, entre ellos la verificación de la entrega de unidades productivas en un proyecto articulado con Prosperidad Social y el porcentaje del presupuesto destinado a mujeres rurales.
Silva Saldaña indicó que, una vez se reciba la totalidad de la información requerida, esta será publicada y se convocará a un nuevo debate de control político.
En cuanto al análisis preliminar, la diputada destacó que se evidenció una alta ejecución presupuestal y el desarrollo de diversas actividades como capacitaciones, talleres y procesos de formación. Sin embargo, señaló que persisten debilidades en la demostración de resultados concretos y en el impacto real de estas acciones sobre la vida de las mujeres en el departamento.
“ No se trata únicamente de invertir recursos o reportar actividades, sino de evidenciar resultados acordes con las metas del plan de desarrollo”, enfatizó.
Uno de los puntos más sensibles del debate estuvo relacionado con la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. De acuerdo con lo expuesto, parte del presupuesto asignado para este fin fue devuelto debido a la baja solicitud de atención, situación que, según la diputada, podría evidenciar desconocimiento de las rutas de atención o falta de confianza en la institucionalidad, especialmente si se tiene en cuenta que las cifras de violencia en el departamento no han disminuido.
En este sentido, otros diputados coincidieron en la necesidad de mejorar la planeación institucional, con el fin de identificar de manera más precisa las necesidades reales y orientar de forma adecuada la inversión en esta problemática.
Durante la sesión también se aclaró que un contrato de servicios logísticos fue ejecutado por un valor superior a los 474 millones de pesos, cifra que supera ampliamente los 149 millones inicialmente reportados en el informe escrito. Frente a este punto, quedó pendiente un análisis detallado de los costos, así como la verificación del cumplimiento de metas, la identificación de las beneficiarias y los criterios de selección de los municipios intervenidos.
Finalmente, los diputados reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres en el Caquetá y anunciaron que, una vez se cuente con la documentación faltante, se convocará para el mes de junio un control político integral que permita evaluar de manera completa la gestión de la Oficina de la Mujer y la correcta destinación de los recursos públicos.