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domingo 27 septiembre 2020
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Condenado extesorero de la empresa de servicios públicos de Curillo

Carlos Andrés Valencia Caicedo, quien fungió como tesorero de la empresa de servicios públicos de Curillo (Caquetá), Esercu S.A. E.S.P, fue condenado a la pena de 12 años y 11 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación continuado.

En medio de la instalación de la audiencia de juicio oral ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, en ese departamento, el exfuncionario decidió aceptar su responsabilidad en los hechos, y fue así como el juez emitió inmediatamente el falló en su contra.

La sentencia contempla además el pago de una multa de $48.714.540, misma cantidad de la que se apropió cuando se ostentaba el cargo en citada la empresa.

El ente acusador estableció que el 2 de enero de 2017 Valencia Caicedo fue nombrado como tesorero, almacenista, recaudador y secretario de Esercu S.A. E.S.P, mediante contrato individual de trabajo por el gerente de la época.

Las investigaciones permitieron determinar que poco después de su nombramiento empezó a apropiarse de dineros producto de recaudo por concepto de pago de aseo, alcantarillado y acueducto por parte de los usuarios de la municipalidad, generando con ello un detrimento patrimonial para la empresa.

Esto se le facilitó teniendo en cuenta que la empresa no utilizaba software contable, por lo que él mismo diligenciaba los comprobantes de egreso en Excel con su respectivo consecutivo, que debía organizar por mes, para posteriormente entregárselos al contador público.

Al recibir las facturas de los servicios en mención les colocaba el sello de pago, firmaba y guardaba el dinero. Al final del día debía consignarlo en un corresponsal bancario. La colilla de cada recibo se la entregaba al auxiliar de cartera y este realizaba un boletín diario de ingresos.

El encartado consignaba una parte del dinero, pero se quedaba con el resto, actividad que desarrolló entre enero y abril del año mencionado, quedándose con ciertas cantidades de manera mensual hasta alcanzar los más de $40.000.000.

Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.

Estos resultados hacen parte de la política institucional “En la calle y en los territorios”, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha contra la corrupción.