Una denuncia sobre presuntas irregularidades en un proyecto de vivienda en el departamento del Caquetá generó preocupación y llamados a las autoridades para que se adelante una investigación de fondo.
La denuncia fue realizada a través de redes sociales por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien señaló que en el departamento se habrían comprometido más de 3.200 millones de pesos para la construcción de 36 viviendas y que, durante la revisión del proyecto, se habría detectado una situación irregular: presuntamente, una misma vivienda habría sido presentada o utilizada para justificar la existencia de varias unidades habitacionales, práctica conocida como “gemeleo” de viviendas.
El ministro calificó la situación como grave y manifestó que ya existen denuncias ante las autoridades competentes, al tiempo que solicitó que los hechos sean investigados con celeridad para determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables, en caso de comprobarse las irregularidades.
Ante esta denuncia se ha intentado establecer si el proyecto fue ejecutado o administrado por la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de Florencia o alguna de las demás administraciones municipales del departamento. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado un proyecto con las características mencionadas por el ministro.
Sobre el tema también se pronunció el secretario de Planeación de la Gobernación del Caquetá. De igual manera, en la Asamblea Departamental, la diputada Elvia Medina Claros calificó como “asombroso” el contenido de la denuncia y señaló la importancia de esclarecer lo ocurrido.
Durante las intervenciones se aclaró que los recursos mencionados en la denuncia no habrían sido manejados por la Gobernación del Caquetá. No obstante, se insistió en la necesidad de que las autoridades competentes investiguen a fondo el caso y determinen el origen y destino de los recursos.
La denuncia cobra especial relevancia teniendo en cuenta el déficit habitacional que enfrenta el departamento del Caquetá, por lo que se espera que las autoridades adelanten las actuaciones correspondientes para establecer si efectivamente se presentaron irregularidades en la ejecución del proyecto y, de ser así, determinar las responsabilidades a que haya lugar.
