En desarrollo de operaciones militares ofensivas enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Infantería N.° 34 Juanambú, orgánico de la Décima Segunda Brigada, destruyeron dos unidades de producción minera utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos auríferos en la vereda La Gallineta, municipio de San José del Fragua, Caquetá.
Este importante resultado operacional fue posible gracias al desarrollo de operaciones de control territorial y a las capacidades de inteligencia militar que permitieron establecer la ubicación de esta infraestructura ilegal, empleada por integrantes de la estructura Raúl Reyes del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá, como parte de una de sus principales economías ilícitas para el financiamiento de sus actividades criminales.
Durante la operación fueron destruidas dos dragas, dos motores y 200 metros de manguera de cuatro pulgadas, maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro. De acuerdo con las estimaciones, esta infraestructura tenía la capacidad de producir cerca de 600 gramos del metal precioso cada mes, equivalentes a aproximadamente 270 millones de pesos en el mercado ilegal.
Con este contundente golpe, el Ejército Nacional genera una afectación superior a 350 millones de pesos sobre la infraestructura logística destinada a la explotación ilícita de yacimientos mineros y golpea directamente las finanzas de esta estructura armada ilegal, la cual obtenía cerca de 80 millones de pesos mensuales mediante el cobro extorsivo del 30 % de la producción aurífera, recursos utilizados para fortalecer sus capacidades armadas, adquirir material de guerra y sostener acciones criminales contra la población y la Fuerza Pública.
Más allá del impacto económico, esta operación representa un importante avance en la protección del patrimonio ambiental de la región amazónica. La minería ilegal destruye extensas áreas de bosque, contamina las fuentes hídricas, degrada los suelos y amenaza la biodiversidad, generando consecuencias irreversibles para las comunidades y los ecosistemas. La destrucción de esta infraestructura evita que estos daños continúen afectando uno de los territorios con mayor riqueza ambiental del país.
